El Gobierno de España tiene previsto destinar alrededor de 1.500 millones de euros para la adquisición de sistemas antidrón, convirtiendo este programa en uno de los más significativos en el ámbito de la defensa nacional. Este anuncio sigue a un creciente interés en Europa por mejorar la vigilancia aérea tras las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo europeo.
Empresas líderes en el sector, como Indra, Arquimea, EM&E y Oesía, están compitiendo activamente por contratos relacionados con este programa de modernización militar (PEM). Indra, en particular, ha establecido una alianza con EM&E y TRC, lo que la posiciona como la favorita para obtener una parte significativa de los contratos en este ámbito.
Arquimea, por su parte, está en negociaciones para unirse a este pacto y abrirá una nueva fábrica de drones en Oriente Próximo, lo que refleja su compromiso con el desarrollo de tecnología de defensa. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, había mencionado previamente que estos sistemas eran una de las prioridades de su departamento, dirigido por Margarita Robles.