España se enfrenta a un ultimátum de la Comisión Europea debido a su elevada tasa de empleo temporal, que se sitúa en torno al 32,2%, muy por encima del 8% que había acordado con Europa. El Gobierno tiene hasta el 29 de junio para presentar reformas que aborden esta cuestión y eviten posibles acciones legales o sanciones económicas. Actualmente, se encuentran congelados 625 millones de euros de fondos europeos, lo que agrava la presión sobre las autoridades.
Con aproximadamente 40.000 demandas por abuso de temporalidad, el Estado se convierte en el mayor empleador demandado en este ámbito. Las comunidades autónomas y entidades locales presentan tasas de temporalidad aún más altas, superando el 38%, en contraste con el 4% de la Administración General del Estado. A pesar de la gravedad de la situación, los tribunales nacionales parecen ignorar las directrices europeas.
El abogado Javier Araúz advierte que la respuesta de España debe ser contundente y alineada con las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que una contestación insuficiente podría resultar en sanciones millonarias. El Gobierno se prepara para exprimir el tiempo que queda y cumplir con las exigencias de Bruselas.