La Santa Sede enfrenta dificultades financieras, con un déficit que compromete su misión. Entre el 75% y el 80% de sus ingresos proviene de la gestión de su patrimonio, mientras que el resto se compone de donaciones y contribuciones de diversas diócesis y del propio Estado Vaticano.
El reciente nombramiento de Maximino Caballero como prefecto de la Secretaría para la Economía refleja un esfuerzo por reformar la estructura financiera, buscando implementar estándares de gobernanza y transparencia que se alineen con los valores del Evangelio. Caballero, que ocupó previamente un puesto cercano al padre Guerrero, ha destacado la necesidad de profesionalizar la administración del patrimonio para mejorar la situación económica de la Iglesia.
Durante una conferencia en la Fundación Rafael del Pino, Caballero explicó que muchas diócesis requieren apoyo financiero en lugar de contribuir, lo que agrava los problemas de financiación. La gestión financiera de la Iglesia católica, que ha sido objeto de mitos, revela una realidad más modesta de lo que se percibe comúnmente.