El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tuvo lugar el lunes en Madrid, donde el ministro de Hacienda, Arcadi España, presentó nuevas directrices sobre la financiación de las comunidades autónomas. En este foro, se anunció que las comunidades dispondrán de un 8% más de recursos en 2027, lo que representa los mayores fondos de su historia, según el propio ministro. Esta decisión se produce tras la revisión de la previsión de crecimiento del Gobierno, que se ha elevado al 2,6% para el presente ejercicio.
La senda de estabilidad fiscal se fijó en un 0,1% del PIB para los años 2027, 2028 y 2029, continuando con la estrategia de gestión fiscal de la anterior ministra, María Jesús Montero. En una reunión anterior celebrada en noviembre, esta fórmula no fue bien recibida por los representantes del Partido Popular. Desde Hacienda se ha destacado que este porcentaje significa que las comunidades no tendrán que realizar esfuerzos fiscales durante este periodo, a diferencia de lo que se espera de la Administración central.
Según el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo negociado con Bruselas, se espera que España cierre el año 2027 con un déficit del 1,8%, que se ajustaría al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. Estos objetivos permiten a las comunidades y ayuntamientos aumentar su gasto, lo que se estima en un 4% para 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029. Este incremento de déficit se traduce en una mayor capacidad de gasto público para las administraciones autonómicas.
Además, se ha fijado un margen de déficit de 5.849 millones de euros para las comunidades en 2027. Arcadi España advirtió a los consejeros autonómicos que votar en contra de estos objetivos implicaría la necesidad de realizar un ajuste de esta misma cantidad. Este aspecto es crucial para la planificación budgética de las comunidades, que dependen de estos recursos para sus programas y servicios públicos.
Con esta nueva estructura fiscal, el Gobierno busca facilitar un flujo de recursos que apoye el crecimiento regional y la estabilidad financiera. La apertura de la posibilidad de establecer objetivos de déficit personalizados para cada comunidad también introduce un nuevo enfoque en la gestión fiscal regional, que podría tener un impacto significativo en la política territorial española.
Contexto: La política fiscal en España ha estado marcada por la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea, especialmente en un periodo de recuperación económica post-pandemia. Las comunidades autónomas, que gestionan una parte importante del gasto público, han enfrentado limitaciones en sus presupuestos. La estabilidad fiscal es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los servicios públicos y el desarrollo económico en las diferentes regiones del país.