El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, DAO del cuerpo, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán comparecer el 16 de julio en relación con el caso que involucra a la exmilitante socialista Leire Díez, quien habría tratado de influir en investigaciones relacionadas con el Gobierno.
La imputación sigue a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que argumentó la necesidad de investigar las maniobras de Díez para presionar a los agentes de la UCO. A pesar de esta situación, fuentes del Ministerio del Interior han afirmado que el ministro Fernando Marlaska sigue confiando en ambos implicados, quienes continuarán desempeñando sus funciones normales mientras colaboran con la justicia.
Adicionalmente, la acusación popular, encabezada por el PP, había solicitado la imputación de otros altos mandos, aunque la Fiscalía no ha apoyado esta última petición. Este desarrollo se produce tras las declaraciones de varios mandos de la Guardia Civil, quienes confirmaron que existían preocupaciones sobre presiones políticas en las investigaciones.