La deuda pública en manos de las Administraciones Públicas en España ha alcanzado cifras récord, tanto en términos absolutos como relativos. Según el Banco de España, entre abril de 2019 y abril de 2026, esta deuda ha aumentado de 259.205 millones a 387.029 millones de euros, lo que representa un incremento de 127.824 millones y un crecimiento del 49,3%. En abril, esta porción de deuda ya constituía el 22,3% de la deuda consolidada, superando el 23% al finalizar 2024.
Este aumento es notable, especialmente al observar la tendencia desde la pandemia. Entre 2019 y 2021, el crecimiento fue lento, pero a partir de 2022, la deuda «intrapública» comenzó a dispararse. Es relevante aclarar que esta cifra no debe confundirse con una «autocartera» en el sentido financiero tradicional, como ocurre cuando un banco central adquiere deuda del Tesoro. En realidad, se trata de deuda emitida por un subsector de las Administraciones Públicas que se encuentra en posesión de otro subsector, lo que se consolida cuando se calcula la deuda bajo el procedimiento de déficit excesivo supervisado por Bruselas.
Desde un punto de vista económico, esto significa que una proporción creciente del endeudamiento público se financia internamente dentro del sector público, en lugar de depender del ahorro privado. El Banco de España clasifica esta categoría como la «deuda en poder de los diferentes subsectores que componen las Administraciones Públicas» y la excluye del cálculo consolidado de la deuda total.
Este manejo de la deuda entre diferentes administraciones señala una tendencia hacia la recentralización de las finanzas públicas que ha estado ocurriendo durante más de una década. A pesar de que se siguen transfiriendo competencias a comunidades autónomas y se incrementa el gasto controlado por administraciones regionales y locales, el peso de la Administración Central en el gasto y la financiación entre los distintos niveles de administración continúa en aumento. Entre 2020 y 2024, el peso porcentual de la Administración Central ha ido en ascenso, reflejando una centralización progresiva de recursos y decisiones económicas.
Contexto: La evolución de la deuda pública en España ha sido objeto de atención constante, especialmente en un entorno económico marcado por la recuperación post-pandemia y la necesidad de gestionar eficazmente las finanzas públicas. Las Administraciones Públicas, que incluyen el gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios, han visto cambios significativos en su estructura financiera. En este sentido, el papel del Banco de España es crucial, ya que supervisa y proporciona datos sobre la deuda pública, lo que permite a las autoridades tomar decisiones informadas en la gestión de recursos y en la planificación económica del país. La consolidación y gestión de la deuda entre administraciones públicas afectan directamente la capacidad del Estado para invertir en servicios y programas esenciales para los ciudadanos.