Una reciente sentencia del Tribunal de Instancia de San Sebastián establece que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que informen sobre un despido antes de escuchar al trabajador pueden enfrentarse a la obligación de readmitirlo o pagar una indemnización por despido improcedente, además de compensaciones por daños morales. Esta decisión se originó tras el caso de una empresa que anunció por correo electrónico el despido de un empleado, antes de concederle la oportunidad de presentar sus alegaciones.
El fallo judicial resalta que la comunicación del cese antes de escuchar al afectado puede dar la impresión de que la decisión ya se había tomado, convirtiendo el procedimiento en una mera formalidad. La pyme implicada ahora debe elegir entre reincorporar al trabajador o indemnizarlo con un total de 15.172,26 euros y pagar además 7.501 euros por vulnerar sus derechos fundamentales.
Los acontecimientos que dieron lugar a esta sentencia se remontan a junio de 2025, cuando el empleado fue convocado a una videollamada con el gerente. Durante esta conversación, se le presentó un informe que alegaba que había imputado irregularmente horas a proyectos en los que no trabajaba. Al día siguiente, la empresa inhabilitó su cuenta corporativa y lo volvió a convocar. En ese momento, la dirección comunicó a todo el equipo que el profesional había sido despedido por su supuesta mala práctica en la carga de horas a proyectos.
Sin embargo, tres días después, la compañía intentó rectificar la situación, indicándole al trabajador que no había sido despedido, sino que se habían detectado irregularidades que podrían llevar a un despido. Informaron que se realizaría un expediente, pero la falta de un proceso adecuado comprometió la defensa del empleado, como señala Valeria Alcázar de la Vega, abogada especializada en derecho laboral de Ágora Legal & Gestión.
La sentencia reafirma la necesidad de seguir el procedimiento correcto antes de realizar despidos, especialmente en situaciones disciplinarias. La obligación de escuchar al trabajador se considera un requisito fundamental para garantizar sus derechos. Si una empresa no sigue este procedimiento, puede enfrentar serias consecuencias legales y financieras.
Contexto: La legislación laboral en España ha evolucionado para proteger los derechos de los trabajadores, enfatizando la importancia de los procedimientos justos en los despidos. El Tribunal Supremo ha establecido precedentes que obligan a las empresas a respetar estos derechos, lo que ha llevado a un mayor escrutinio en la gestión de despidos. Este caso destaca la relevancia de un manejo adecuado de la comunicación interna y los procesos disciplinarios en un entorno laboral cada vez más regulado.