El Consejo de Ministros ha aprobado un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros por catorce pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales, exentos de tributación. Esta medida, que beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, lo que se traduce en un incremento mensual de 37 euros y 518 euros anuales en las nóminas.
A pesar de este aumento, las empresas podrán continuar utilizando los pluses salariales para compensar la subida, lo cual podría evitar que algunos trabajadores vean reflejado el incremento en su sueldo. Esto se debe a que algunos empresarios pueden optar por reducir o eliminar complementos relacionados con la antigüedad o la exposición a condiciones laborales peligrosas.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha prometido que el Gobierno trabajará en una reforma para modificar las reglas de compensación y absorción de estos complementos, con el objetivo de que el impacto del aumento sea real y no se evite mediante prácticas contables. Sin embargo, la implementación de esta reforma podría enfrentar desafíos legales en el futuro.