Las pymes enfrentan sanciones por "daño moral" en caso de exclusión social laboral

Excluir a un trabajador de beneficios por reclamar derechos laborales puede costar entre 7.501 y 225.018 euros a pymes y autónomos. Conoce los riesgos legales.

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Excluir a un trabajador de beneficios como cenas de empresa o aguinaldos por reclamar derechos laborales puede resultar costoso para las empresas. Los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) que incurran en conductas discriminatorias pueden enfrentarse a sanciones económicas que oscilan entre 7.501 y 225.018 euros si se abre un procedimiento por infracción muy grave. Esta advertencia fue destacada por el abogado laboralista Luis San José, quien remarcó que aunque las empresas tienen la libertad de decidir sobre regalos y beneficios, no pueden utilizar estas decisiones para discriminar a empleados que reclaman sus derechos.

Un caso relevante es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, identificada como STSJ CAT 5403/2026, donde una firma otorgó la cesta de Navidad a 28 de sus 29 trabajadores, dejando fuera al único empleado que había impugnado un despido y reclamado el pago de horas extra. En este caso, la empresa y su director fueron condenados a entregar la cesta, con un valor de 149,05 euros, además de pagar 1.000 euros en concepto de daños morales al trabajador afectado.

Las pymes pueden ofrecer beneficios diferenciados a empleados, pero deben establecer criterios claros y aplicables por igual. Por ejemplo, pueden limitar una cena a quienes han participado en un proyecto específico o vincular premios a objetivos medibles. Sin embargo, alegar que un trabajador “no se lo merece” o excluirlo debido a reclamaciones, género, discapacidad u otras circunstancias protegidas puede dar lugar a responsabilidades judiciales y ser considerado una infracción administrativa grave.

Las empresas deben ser cautelosas y justificar cualquier decisión que pueda interpretarse como represalia. La carga de la prueba puede invertirse en casos de indicios de discriminación, lo que implica que será la empresa la que deba demostrar que su actuación fue legítima y no motivada por la reclamación de derechos por parte del trabajador afectado.

El coste económico para una empresa que incurre en discriminación puede superar ampliamente el valor del regalo o beneficio en cuestión, considerando no solo las multas sino también las indemnizaciones por daños. Además, esta situación puede afectar gravemente la reputación de la empresa y su ambiente laboral.

Contexto: La legislación laboral en España protege a los trabajadores de cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral. Las pymes constituyen una parte vital de la economía española, representando aproximadamente el 99% del tejido empresarial. La promoción de un entorno laboral justo y equitativo no solo es un imperativo legal, sino que también fomenta un clima de trabajo positivo, lo que puede resultar en una mayor productividad y satisfacción laboral.

TL;DR

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Redacción Equipo Voz Económica

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