Telefónica ha solicitado la ejecución de un laudo del CIADI en un tribunal estadounidense, que podría resultar en un pago superior a 500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 430 millones de euros, por parte del estado colombiano. Este laudo se deriva de un fallo emitido en noviembre de 2024, que obligaba a Colombia a reembolsar a la operadora 380 millones de dólares en daños y perjuicios, además de intereses legales y gastos legales acumulados desde entonces.
Colombia ha solicitado tanto la anulación del laudo como la suspensión del pago, aunque no presentó la garantía requerida para proceder con la suspensión, lo que ha permitido a Telefónica avanzar en su reclamación. El proceso de anulación sigue en trámite, lo que añade complejidad al conflicto.
Este caso tiene su origen en un acuerdo de 1994 entre Coltel y el Gobierno colombiano para la prestación de servicios móviles. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional en 2013 alteró las condiciones de dicho acuerdo, llevando a un prolongado proceso de arbitraje que culminó en la decisión del CIADI a favor de Telefónica.