La propuesta del Ministerio de Hacienda sobre un nuevo modelo de financiación autonómica introduce cambios que afectan a las comunidades autónomas (CCAA) gobernadas por el PP. Se estima que este modelo penaliza a aquellas que aplican bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que podría tener un impacto significativo en la recaudación de impuestos en regiones como Madrid.
El cálculo de la capacidad tributaria en este nuevo modelo no considera la recaudación real, sino que se basa en lo que las CCAA ingresarían sin aplicar bonificaciones fiscales. Esto afecta especialmente a Madrid y a otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, que podrían ver una disminución en sus ingresos. Según el modelo propuesto, la recaudación normativa se estima en tres veces lo recaudado en 1999, ajustado por el PIB o los ingresos tributarios del Estado.
La recaudación real por concepto de Sucesiones y Donaciones se sitúa alrededor de 4.000 millones de euros, una cifra que dista mucho de la recaudación potencial estimada, que podría alcanzar hasta 10.000 millones de euros. La propuesta de Hacienda busca limitar las bonificaciones fiscales que ofrecen algunas CCAA, con el objetivo de equilibrar el sistema de financiación entre las distintas comunidades.
Con el nuevo modelo, al calcular la capacidad tributaria y la contribución al sistema común, no se tendrán en cuenta las exenciones fiscales. En cambio, se valorará la capacidad normativa, es decir, lo que las comunidades podrían ingresar sin aplicar deducciones, lo que puede llevar a que aquellas CCAA con menores ingresos por herencias y donaciones terminen aportando más al sistema común.
Este enfoque afecta no solo a la recaudación de impuestos, sino también al reparto de recursos entre las CCAA. La suma de todos los impuestos recaudados por cada comunidad determinará el reparto necesario para lograr el 75% de la medida de recursos por habitante, conocido como nivelación horizontal.
Contexto: Desde 1999, la recaudación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ha sido un tema de controversia en España, especialmente entre las comunidades autónomas. Las CCAA como Madrid han sido acusadas de realizar dumping fiscal al ofrecer bonificaciones que pueden llegar al 100%. Este nuevo modelo de financiación se enmarca en un contexto donde el Gobierno busca una mayor equidad en el sistema fiscal y un reparto más justo de los recursos entre las distintas regiones del país, especialmente entre aquellas con menor capacidad económica.