La aprobación de la Ley de Aceleración Industrial por parte de la Comisión Europea se retrasa debido a preocupaciones sobre su carácter proteccionista. Esta normativa tiene como objetivo priorizar productos fabricados en la Unión Europea en sectores estratégicos, estableciendo que las empresas deben producir una parte significativa en territorio europeo para recibir ayudas públicas.
La propuesta ha suscitado la oposición de varios Estados miembros y departamentos de la Comisión, quienes advierten de los posibles riesgos para la burocracia y las relaciones comerciales. Países como Reino Unido y Japón están presionando para suavizar la ley, temiendo quedar excluidos de las licitaciones europeas y solicitando un trato especial debido a sus acuerdos comerciales con la UE.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión para Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha sido uno de los principales impulsores del proyecto, que se espera sea presentado en los próximos días. No obstante, las divisiones internas en la Comisión y entre los Estados miembros están obstaculizando la adopción de esta legislación, que también enfrenta resistencia de socios cercanos.