La investigación del juez Santiago Pedraz se centra en un presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate de Tubos Reunidos por parte de la Sepi, que ascendió a 112,8 millones de euros. Ocho directivos de la entidad pública están siendo investigados por su papel en la gestión de las ayudas, que también afectaron a empresas como Plus Ultra y Air Europa.
Las diligencias se iniciaron tras un requerimiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que el pasado 4 de junio incautó documentación en la sede de la Sepi. Entre los implicados, se encuentran el actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y Julián Mateos-Aparicio, director del fondo FASEE.
Además, tres de los directivos ya no forman parte de la Sepi, destacando a Rosario Martínez, actual directora de empresas participadas, y a Miguel Ángel Santiago Mesa, quien dejó la entidad en 2021. Este caso ha revelado la conexión entre los ejecutivos y la gestión de las ayudas durante la crisis provocada por la pandemia.