La decisión del Gobierno de bloquear la proposición de ley de reforma del trabajo autónomo ha generado una rápida reacción entre las organizaciones de autónomos. La iniciativa, presentada por Junts, buscaba implementar cambios significativos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), incluyendo la mejora del acceso al cese de actividad y la exención del IVA para pequeños negocios, así como la reserva del 10% de los contratos públicos para microempresas.
El veto, formalizado en un escrito dirigido al Congreso, se basa en el Artículo 134.6 de la Constitución, alegando que la propuesta tendría un impacto en los ingresos y gastos públicos. Debido a esta decisión, la ley no será debatida en el Pleno de la Cámara Baja. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), expresó su descontento en redes sociales, criticando al Gobierno por su falta de consideración hacia las reivindicaciones de los autónomos, que llevan años buscando mejoras en su situación laboral.
La reforma propuesta no solo abordaba el cese de actividad, sino que también pretendía corregir problemas persistentes en la regularización de cuotas y la cotización por ingresos reales, aspectos que las asociaciones consideran cruciales para el colectivo.