El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha denunciado durante su discurso en la Asamblea General 2026 de la patronal que empresas de todos los tamaños se tuvieron que adaptar, entre 2022 y 2025, a 61 cambios en la normativa laboral.
Según apuntó, autónomos, pymes y grandes empresas vienen sufriendo una importante “asfixia normativa” que ha reprochado al Ministerio de Trabajo. Asimismo, aseguró que la mayor parte de las modificaciones se han llevado a cabo “sin diálogo social” y, en ocasiones, sin consulta o mediante consultas “meramente formales”.
Como consecuencia, la situación ocasiona, según la patronal, una evidente “inseguridad jurídica”. Que su presidente no dudó en calificar como “intromisión” en la libertad de organización de las empresas y en el principio de negociación colectiva.
- Garamendi acusa al Gobierno de “invadir” el diálogo social
- Los empresarios piden la aprobación de nuevos Presupuestos Generales
Garamendi acusa al Gobierno de “invadir” el diálogo social
El presidente de la confederación también acusó al Gobierno de haber "invadido reiteradamente" el diálogo social, de "monopolizar y condicionar" los espacios y de intentar imponer un "ideario político e ideológico", rechazando que la patronal haya bloqueado las negociaciones.
Frente a este escenario, el representante de la patronal celebró que los empresarios españoles hayan logrado más de 20 acuerdos en el diálogo social desde 2020. Tales como la reforma laboral, el teletrabajo, las reformas del sistema de Seguridad Social o la regulación de los trabajadores de plataformas digitales.
Estos son algunos de los cambios que vienen afrontando los negocios con trabajadores en los últimos cinco años, y que han contribuido al aumento de cargas burocráticas y administrativas derivadas de estas y otras modificaciones, con importantes costes para autónomos y empresas.
Como publicó en un informe la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), solo durante 2025 cada trabajador por cuenta propia destinó una media de 200 horas al año a realizar trámites, con un coste de 3.000 euros al año.
Los empresarios piden la aprobación de nuevos Presupuestos Generales
A su vez, Garamendi reclamó durante la jornada la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado, apoyado en el aumento del gasto en defensa, la problemática de la vivienda, o la ejecución de fondos europeos. Una necesidades de gasto para nuestro país que requieren disponer de la estructura presupuestaria convalidada.
Esta ausencia de los presupuestos viene, además, acompañada del aumento de la presión fiscal. Según el último informe de la organización, la presión fiscal en España aumentó en 5,53 puntos en los últimos 14 años, situándose en el 36,7% frente a la media de la OCDE, en el 34,1%.
La presión fiscal en España aumentó en 5,53 puntos en los últimos 14 años, hasta alcanzar el 36,7%, mientras la media de la OCDE se situó en el 34,1%. En ese sentido, el líder de la patronal también criticó este incremento y pidió el ajuste, la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que también vienen demandando los economistas.
Por último, una importante parte de las mejoras salariales pactadas entre las empresas y los empleados “acaba en la Administración” mediante el pago de cotizaciones e impuestos; según los datos que aportó, de cada 100 euros de aumento salarial, 65 van para los trabajadores y 35 para pagar impuestos y cotizaciones. Motivo por el Garamendi demanda una menor carga fiscal tanto para los negocios como para los empleados.
De esta forma, los incrementos en la recaudación que se generen del crecimiento económico podrían destinarse a mejorar la competitividad de las empresas y la renta disponible en las familias.