Las grandes empresas energéticas, como Iberdrola y Endesa, han expresado su descontento en el Senado, señalando que un error de programación fue la única causa del apagón ocurrido el 28 de abril. Este incidente ha llevado a las compañías a enfrentar un desafío financiero inesperado en sus cuentas de 2026.
El Gobierno había creado el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que ahora presenta un agujero financiero creciente desde 2023, afectando a las grandes energéticas que financian la mayor parte del mismo. Se ha revelado que una parte de este fondo debe ser pagada a operadores de hidrocarburos que han ganado relevancia desde la crisis de Ucrania, muchos de los cuales han sido inhabilitados por fraude, dejando un desfalco millonario.
El sistema de aportaciones al fondo se basa en las ventas de las energéticas de hace dos años, lo que ha creado un vacío normativo al no considerar a operadores que desaparecen antes de pagar. La aparición de numerosos operadores de bajo coste ha distorsionado el mercado mayorista, afectando los precios y márgenes de las grandes compañías.